Los costos de la prisión preventiva en Chile

El sistema de justicia criminal chileno ha sufrido importantes cambios durante la última década. Es así como, mediante la Reforma Procesal Penal (que se comenzó a aplicar progresivamente a nivel territorial a partir del año 2000), se pasó de un sistema inquisitivo, escrito y secreto en su etapa investigativa, a uno acusatorio, oral y público.

El nuevo procedimiento penal tiene tres etapas principales: la investigación, la etapa intermedia cuyo fin es la preparación del juicio y la etapa de juicio oral, que es la fase de enjuiciamiento criminal propiamente tal. Si bien durante el proceso rige como principio general que toda persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, teniendo como fundamento las razones establecidas en la ley, pueden adoptarse excepcionalmente una serie de medidas cautelares que tienen por objeto asegurar los fines del procedimiento. De ellas, la más severa y restrictiva de derechos es la prisión preventiva.

La reforma procesal penal ha generado importantes efectos en la aplicación de las medidas cautelares, en general y en particular, de la prisión preventiva. El efecto principal es que dejan de ser un efecto casi automático del dictado de la antigua resolución llamada auto de procesamiento (que se elimina), pasando a ser medidas excepcionales cuya procedencia y necesidad se deben demostrar en cada paso por el fiscal.

A partir de la entrada en vigencia de la reforma, las cifras demuestran que, si bien en términos absolutos la cantidad de personas cumpliendo prisión preventiva ha aumentado, la proporción de personas que debe cumplir esta medida en relación al total de imputados ha disminuido en los últimos años. Sin embargo, en marzo del año 2008 entró en vigencia la ley 20.253, denominada “agenda corta”, la cual, entre otras modificaciones, busca ampliar los criterios de aplicación de la prisión preventiva, lo que hace suponer un posible aumento en la utilización de esta medida.

En este contexto, el objetivo del presente estudio fue estimar los costos directos e indirectos de la prisión preventiva en Chile.

Para realizar la estimación y enfrentar la escasez de información disponible se decidió realizar importantes supuestos simplificadores de la realidad, lo que puede haber producido sesgos al momento de obtener resultados. Es importante mencionar que, si bien algunos de los supuestos utilizados pueden ser debatibles, éstos son los que mejor reflejan la realidad chilena, dada la información a que se tuvo acceso. Debido a esto, se recomienda que para futuros estudios, se realice un análisis de sensibilidad al modelo propuesto, cambiando algunos supuestos presentados en este informe, y perfeccionando así la estimación de costos llevada a cabo.

Adicionalmente, existen ciertos costos, como los costos psicológicos de permanecer privado de libertad que no se han podido cuantificar debido a la dificultad de asignarles un valor monetario.

La tabla anterior muestra que el costo total asociado a la prisión preventiva en Chile es de 48.321 millones de pesos, lo que equivale a 92.481 millones de dólares norteamericanos. Este costo se puede dividir en dos grandes categorías: los costos directos, que representan el 69% del total, y los costos indirectos, los cuales son el 31%. Dentro de la primera categoría, el mayor costo lo incurre Gendarmería, institución que debe cumplir con las labores de mantener y vigilar a quienes están en prisión preventiva. En la categoría de costos indirectos, el costo más relevante es el costo en visitas, el cual incluye el costo monetario de cada visita y el costo de oportunidad de quienes realizan la visita.

Por otra parte, para analizar la conveniencia de aplicar o no la prisión preventiva se consideró necesario distinguir los distintos delitos cometidos por los imputados sometidos a prisión preventiva y los distintos perfiles de estas personas. Sin embargo, el presente estudio sólo pudo satisfacer el primer punto debido a la inexistencia de estudios o información pública que permita contar con una caracterización de la población recluida en Chile.

En definitiva, estimamos que la utilidad de contar con una estimación de costos para la prisión preventiva, es que constituye una herramienta útil para realizar futuros análisis de costo-efectividad de la medida. Ello, teniendo en cuenta que, en comparación con otras medidas o sistemas de supervisión debidamente implementados, pudiesen asegurar los mismos objetivos que la prisión preventiva, pero con una menor restricción de derechos y, eventualmente a menor costo, tanto para el Estado como para las personas.

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