Cómo evaluar el estado de la justicia

Al preparar un primer Reporte sobre el Estado de los Sistemas Judiciales en las Américas, CEJA ha iniciado un esfuerzo considerable y de gran importancia. Los primeros resultados comparativos revelan, sin embargo, que al realizarlo se encuentra con una dificultad metodológica de gran envergadura: cómo medir o cómo evaluar el funcionamiento de los sistemas de justicia.  

Un enfoque útil es lo que el reporte citado denomina “indicadores objetivos”. No obstante, saber qué presupuesto se destina a la justicia en un país, cuántos tribunales funcionan en él o cuántos jueces existen por cada cierto número de habitantes, equivale a algo así como tomar una fotografía del paisaje. Ninguno de esos datos, u otros similares, nos indican la calidad ni, menos aún, la utilidad de esa justicia en ese país.  

El otro enfoque posible parte de mediciones empíricas cuidadosas sobre el funcionamiento mismo del sistema; algunas son de orden cuantitativo –cuánto dura un juicio o qué porcentaje de sentencias son efectivamente ejecutadas, por ejemplo– y otras tienen un carácter inevitablemente cualitativo: cuál es la calidad del producto que el sistema de justicia ofrece. Desde este enfoque hay muy poco hecho, no sólo en América Latina sino en la mayor parte del mundo. En estudios cuantitativos, en unos cuantos países, sí se cuenta con un puñado de estudios, que generalmente cubren alguna parte de la materia judicial y se han efectuado una vez, sin el seguimiento que permita construir series históricas. Sobre el análisis de calidad de sentencias, bajo el argumento insuficiente de que el tema es complejo y sus resultados siempre son discutibles, casi no se ha hecho nada.   

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