La universidad como actor del proceso de reforma judicial

En dicho proceso, se ha reconocido que el sector Justicia necesita introducir cambios profundos, a través de reformas e innovaciones legislativas, jurisdiccionales y organizacionales, que le permitan cumplir su misión política de garantizar la estabilidad democrática.

A este camino por las transformaciones del status quo, se le ha denominado “reforma judicial”. Para lograr esta ansiada reforma, hemos decidido hacer uso de los mejores recursos nacionales en la aplicación del conocimiento científico y en la búsqueda de consensos de transformación. Además, implementar experiencias de otras latitudes, en las cuales se ha evidenciado que la mejor forma de crecer es cambiar.

El Derecho, a través de los tiempos y en consonancia con las necesidades sociales de los pueblos, ha ido ampliando su marco de desarrollo interdisciplinario a diferentes materias jurídicas que, a través de distintas formas y mecanismos de control, buscan la solución de los conflictos humanos. Del mismo modo, el proceso de reforma judicial ha identificado las áreas que necesitan mayor atención del proceso de fortalecimiento estatal, para concentrar las energías e ideas en su modernización.

La excesiva burocracia, dependencia y parcialidad, entre otros arraigados problemas del ámbito judicial, han sido indicadores del rumbo equivocado que el sector Justicia ha venido siguiendo y de las injerencias de grupos interesados en mantener el estado de impunidad. La tarea por fortalecer el imperio de la ley en el Estado ha requerido del encuentro de todos los sectores de la sociedad, en la búsqueda de soluciones alternativas a los modelos tradicionales para resolver el conflicto y mecanismos confiables de mantenimiento de la transparencia.

Actores comunes, como los partidos políticos y la iglesia, han formado parte de los diálogos para lograr consensos sobre problemáticas de discusión ingente, de los cuales han surgido profundas transformaciones nacionales en la justicia. Sin embargo, el escenario ha ido creciendo, se han detectado nuevas necesidades y los desafíos actuales demandan la participación de nuevos actores para consolidar la reforma judicial.

La guatemalteca Helen Mack destaca la necesidad de involucrar grupos, sectores o asociaciones con fines y objetivos comunes en la defensa del principio de legalidad a través de coaliciones serias y comprometidas con el cambio. En dicho contexto, es importante la participación de organizaciones gremiales -Colegio de Abogados, Colegio de Periodistas-, ONG´s de derechos humanos, grupos empresariales, universidades y demás grupos que apoyen la democratización de la administración de justicia. 

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