Proceso de reforma del Código Procesal Penal en la República Oriental del Uruguay

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Antecedentes

Nuestro sistema actual se sustenta en el Código Procesal Penal vigente desde 1980 y sancionado en el proceso dictatorial afiliado al sistema inquisitivo. El 16 de diciembre de 1997 se aprueba la Ley 16.893, “Código del Proceso Penal”, que se calificó como “acusatorio atenuado”. Su entrada en vigencia fue postergada en dos oportunidades y definitivamente dejada sin efecto.

A partir de la aprobación de la Ley 17.897 del 14 de julio de 2005, conocida como Ley de Humanización del Sistema Penitenciario, en el art. 21 se dispone: “(Comisión para la reforma del proceso penal): créase una comisión para elaborar las bases de la reforma del proceso penal, la que será integrada por un representante del Poder Ejecutivo que la presidirá, de la Suprema Corte de Justicia, de la Fiscalía de Corte, de la Universidad de la República, de la Asociación de Magistrados Judiciales, de la Asociación de Magistrados Fiscales, de la Asociación de Defensores de Oficio, del Colegio de Abogados del Uruguay, de la Asociación de Funcionarios Judiciales, de la Asociación de Actuarios Judiciales y del Ministerio de Economía y Finanzas”, formalmente y con el impulso legal mencionado, empezamos un proceso por el que apostamos y esperamos tenga culminación con la aprobación del Parlamento Nacional. 

En el mes de septiembre del año 2006, el Poder Ejecutivo designó a su representante, recayendo en la persona del Dr. Dardo Preza Restuccia, ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, catedrático de la Universidad de la Republica, grado III de Derecho Penal, quien la presidió y trabajó en ella sin alterno. En ese mismo mes, las instituciones mencionadas designan un titular y un alterno, y se convoca a la primera reunión plenaria. Desde el inicio de su actividad esta Comisión tuvo clara su función que era acordar “las bases para una reforma del proceso penal”. Después de algunas sesiones, se designa una mini comisión, que pone a consideración del plenario las bases acordadas:

“a) Consagración de un sistema acusatorio que asegure la plena vigencia de los principios de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad y publicidad;
b) separación de funciones confiriendo la investigación al Ministerio Público y preservando para el juez la función de contralor de garantías y juzgamiento;
c) aseguro de las condiciones de una defensa técnica en un plano de absoluta igualdad procesal;
d) participación y estatus jurídico de la víctima en el proceso penal, consagrando legalmente el imperativo constitucional de la persecución a su cargo, sin perjuicio de la persecución pública oficial;
e) implementación del principio de oportunidad reglado por ley, bajo contralor judicial;
f) restricción de la aplicación de cautelas sobre la persona del indagado de tal manera que la prisión preventiva no sea la regla, sino la excepción;
g) jurisdiccionalización de la etapa de ejecución de la pena, con jueces especializados. Promover las modificaciones necesarias al Decreto-Ley 14.470.”

El plenario aprobó estas bases por consenso, y dispuso su entrega a la Presidencia de la República y a los presidentes de las Comisiones de Constitución, Legislación y Códigos de las Cámaras de Representantes y de Senadores respectivamente.

En oportunidad de hacer entrega de las mismas al Sr. secretario de la Presidencia de la República, Dr. Gonzalo Fernández, se nos planteó la posibilidad de que la Comisión siguiera trabajando para acordar un anteproyecto que recogiera los principios y las premisas establecidas en las precitadas bases. Lo mismo ocurrió con la respuesta de los presidentes de las Comisiones nombradas y así, la Comisión por unanimidad decidió continuar la tarea y abocarse a la redacción de un anteproyecto.

Durante casi tres años, se trabajó en forma totalmente honoraria, desde el convencimiento de la necesidad de una reforma integral del proceso penal que no admite más modificaciones parciales.

Para la concreción de este trabajo, que no pretende ser más que un aporte para el logro de la reforma, se realizó un estudio comparativo de los Códigos aprobados y vigentes y proyectados en nuestro país, siendo el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica el referente primero de nuestro trabajo. Del derecho extranjero se tuvieron en cuenta los Códigos Procesales Penales vigentes en Latinoamérica, que cuentan con años de funcionamiento tales como el de Chile, el de Perú, el de la provincia de Chubut de la República Argentina y el proyectado para la Nación Argentina. Por otra parte, el Código General de Proceso, que rige en el área civil desde 1989, constituyó un antecedente básico para las soluciones que se adoptaron en materia de estructuras procesales, medios impugnativos y actividad procesal en general.

Y así acordamos en el plenario de la Comisión, una mini comisión que con todos los antecedentes discutidos y aprobados se abocara a la armonización de los mismos, redactando el anteproyecto, el que concluido se puso a consideración del plenario, que lo aprobó en el mes de julio del presente año. El anteproyecto se entregó al Sr. ministro del Interior y al Sr. ministro de Relaciones Exteriores, y se presentó ante la Comisión de Constitución, Códigos y Legislación de la Cámara de Senadores.

El 7 de septiembre de 2009, el Poder Ejecutivo lo envió al Parlamento Nacional para su consideración. Dados los tiempos legislativos en nuestro país y siendo un año eleccionario, las Cámaras suspenden su actividad el 14 de septiembre por lo que no hubo tiempo para su estudio y discusión, lo que quedará a consideración en la próxima Legislatura, si el próximo Poder Ejecutivo reitera su voluntad de envío para su aprobación, o es recogido por un número de legisladores -determinado en la Constitución- y promueve su discusión. En estos momentos, y con el nuevo Parlamento ya elegido y confirmado por la Corte Electoral, hemos escuchado a varios legisladores que asumirán sus funciones el próximo 14 de febrero, que tienen entre sus prioridades la discusión del proyecto presentado.


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