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Balance y perspectivas de la reforma judicial en Panamá

Los esfuerzos académicos promovidos por las instituciones panameñas en vistas de mejorar la administración se justicia han sido tan variados como incompletos. Por Aída Jurado zamora, Alianza Ciudadana Pro Justicia.
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Desde la década de los '70, la República de Panamá se integró al movimiento internacional de reformas judiciales. Este movimiento tiene como propósito el fortalecimiento del sistema de administración de justicia, en vinculación con el pensamiento democrático de la época, con los principios constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos, garantes de una propuesta de justicia independiente, transparente, competente y eficiente.  

Así tenemos que, en 1971, se dota al país de un nuevo Código Laboral sustentado en una nueva visión de justicia social fijada en la protección estatal en beneficio de los trabajadores. En 1982 y 1986, después de una larga vida jurídica los Códigos Penal y Judicial, respectivamente, estos fueron objeto de una revisión integral. Este estudio dio como resultado que el país pudiera contar en esta esfera, con nuevos instrumentos jurídicos. En los últimos años, otras jurisdicciones han sido objeto de transformación: en 1994 se crea la jurisdicción de la familia y el menor y se aprueba el Código de la Familia, así se le otorga un tratamiento especial y autónomo a los conflictos familiares que -con antelación- formaban parte de la jurisdicción civil. En 1999, se segrega de esta jurisdicción a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal y se aprueba un Régimen Especial de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que proporciona al adolescente infractor un sistema integral de garantías penales y procesales con operadores judiciales especiales y teniendo como concepto fundamental el interés superior del menor, bajo la doctrina de la protección integral dirigida a garantizar los derechos reconocidos a los niños, niñas y adolescentes. Con este sistema se compromete al Estado a la formulación de políticas sociales y jurídicas a favor de la infancia.  

En 1980 se crea la jurisdicción marítima, con lo que este segmento se separa también de la esfera civil; igual avance se produce cuando en 1999 se crea la jurisdicción comercial. En el año 2000 se aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración y se reorganiza la Justicia Administrativa, con lo que se establece un procedimiento administrativo general, cuya normativa hasta ese entonces estaba dispersa en distintos instrumentos legales, que complejizaban el sistema.  

Pero es en el ámbito de la justicia penal donde se han producido los cambios más significativos, bajo el auspicio de organismos internacionales comprometidos con la comunidad internacional en los procesos de fortalecimiento de la administración de justicia.  

Desde las reformas de 1982 y 1986, la normativa penal y judicial penal han experimentado un sinnúmero de reformas parciales dirigidas, las primeras, a incriminar nuevas conductas delictivas o aumentar las sanciones penales, bajo el supuesto de hacer frente a la criminalidad y a las nuevas formas del crimen organizado. Mientras que, las segundas, están dirigidas a acelerar y mejorar la eficacia de la administración de justicia; lograr la agilización de los procesos penales; minimizar los trámites y procedimientos en aras de dilucidar las causas penales en tiempos más razonables; introducir figuras jurídicas tendientes a solventar los conflictos por vías extra-judiciales; aliviar el hacinamiento de los presos sin condena, mediante la inserción de medidas alternativas a la detención preventiva, teniéndose a ésta bajo el contexto de último recurso; creación de subrogados penales alternativos a la pena privativa de libertad; y aumento de despachos judiciales, entre otros. 

 Pero, a pesar de que el sistema cuenta hoy con nuevas instituciones y con recursos económicos y humanos cuantitativa y cualitativamente superiores al pasado, los diagnósticos indican que la justicia sigue siendo pobre y que no ha mejorado en forma sustancial. La percepción ciudadana es negativa en relación con el sistema judicial y la administración de justicia; ésta se describe lenta, insegura, poco accesible, ineficiente, corrupta, desigual y permisiva a la impunidad.  


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Aída J. Jurado Zamora

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