La justicia penal y el control de los delitos económicos y de corrupción

Las reformas de mercado en Argentina dejaron como resultado un proceso gradual de captura institucional del Estado por parte de los principales grupos económicos. La poderosa influencia que estos ejercieron y aún ejercen les permite condicionar los procesos de decisión, implementación de políticas y distribución de recursos públicos1.

Asimismo, el reconocimiento de este fenómeno implica que las empresas tienen capacidad para manipular el mercado y el Estado, por lo que la corrupción debe ser entendida ante todo como un poder oculto que define las relaciones recíprocas entre la economía y la política2. Por lo tanto la corrupción no es un problema de delitos cometidos en el sector público, sino de aquellos relacionados con la criminalidad de los actores económicos.

Ahora, si la justicia es el garante último de los derechos fundamentales, la independencia del Poder Judicial depende de la capacidad que los jueces tienen de enjuiciar y sancionar los delitos cometidos por políticos en el ejercicio de sus funciones y por empresarios beneficiados con la extracción ilegal de rentas públicas.

Esta es la esencia y garantía última del Estado de Derecho, sencillamente porque la función política de la jurisdicción es controlar la legalidad de la política y el mercado, nulificar sus desviaciones y reparar sus consecuencias3.

Por ello, medir niveles de eficiencia en materia de persecución de la corrupción tanto en el Poder Judicial y el Ministerio Público, facilita la construcción de una muestra clara y reveladora de la capacidad e independencia del sistema de justicia frente a los delitos emparentados con el poder en sus manifestaciones políticas y económicas.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, en el marco de los últimos dos años el Cipce desarrolló una detenida investigación sobre Justicia Penal y persecución de delitos de corrupción, cuyo propósito consiste en medir la capacidad de persecución del aparato de justicia frente a estos delitos.

Con este fin se elaboró una base de datos que reúne información sobre investigaciones judiciales en curso o que tramitaron en distintas jurisdicciones del fuero penal, y que permitió la construcción de un Banco Nacional de Datos contra la Corrupción y la Criminalidad Económica4.

La base almacena información de causas radicadas en los fueros ordinarios, federal, penal económico y penal tributario, a partir del año 1980 hasta la fecha. En lo que sigue se presentan algunos resultados de un muestreo de causas investigadas en el Fuero Federal de la Jurisdicción de la Capital Federal, donde tiene asiento el Poder Ejecutivo Nacional5.

La investigación se realizó sobre una muestra de 239 causas del total de las 800 que hasta el momento almacena la base de datos. Estas causas son representativas del fenómeno delincuencial estudiado porque corresponden a los principales hechos de corrupción en los que están involucrados funcionarios públicos y empresarios de alto nivel jerárquico. A partir del reconocimiento de esta reciprocidad entre economía y política, entendemos conceptualmente a la corrupción como un engranaje dentro del fenómeno complejo de la criminalidad económica, por lo cual los delitos almacenados incluyen las modalidades clásicas de corrupción pero también los ilícitos clasificados dentro de la esfera delincuencial económica.  

1 Aspiazu, Daniel, La captura institucional del Estado, en Realidad Económica Nº 189, Agosto de 2002; Calvo, Alicia, El estado capturado, Buenos Aires, Revista Encrucijadas. Nº 19 - UBA, mayo 2002; Canavese, Alfredo Juan, Corrupción organizada y asignación de recursos, Rev. Desarrollo Económico, N º 180. Vol 45, Ides. Buenos Aires, 2006, p. 473 y ss.

2 Véase el ensayo de Sapelli Giullio, Cleptocracia. El mecanismo único de la corrupción entre la economía y la política, ed. Losada, Buenos Aires, 1998 3 Véase Ferrajoli, Luigi en Perfecto Andrés Ibáñez (editor) Corrupción y Estado de Derecho. El papel de la Jurisdicción, Editorial Trota, Madrid, 1996.  

3. Véase Ferrajoli, Luigi en Perfecto Andrés Ibáñez (editor) Corrupción y Estado de Derecho. El papel de la Jurisdicción, Editorial Trota, Madrid, 1996.

4. El proyecto se lleva adelante en el CIPCE: Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, que es una ONG dedicada al desarrollo de políticas de recuperación de activos y el diseño de políticas en materia de prevención de estos ilícitos. Vease www.ceppas.org/cipce.

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