Entrevista a Juan Enrique Vargas, director CEJA

La justicia penal en Chile ha vivido en el último tiempo cambios radicales que han concentrado todos sus esfuerzos en la modernización del Estado, y la búsqueda de la transparencia, eficacia, oralidad y celeridad en los procesos judiciales, teniendo en cuenta a la ciudadanía como el principal motor impulsor de estas transformaciones. Así al menos lo demuestra la Reforma Procesal Penal, entrada en vigencia de manera gradual1 a partir del año 2000, pero tan solo implementada hace un año en la Región Metropolitana de Chile, que incluye a Santiago, capital del país y que en total reúne al 40% de la población, con una carga procesal que supera el 50% del total del país2. Es decir, la llamada “verdadera prueba de fuego” de todo el nuevo engranaje procesal penal, y en el cual el Ministerio Público de Chile ha cumplido con un rol determinante en la gestión y el éxito de este modelo que ha sido un referente en otros países de la región.

El pasado 16 de junio, la Reforma Procesal Penal Chilena cumplió un año de entrada en vigencia en la Región Metropolitana de Chile, y junto a ello, un compendio de cifras que avala de manera positiva la tarea realizada, sobre todo si se compara con las alcanzadas por el sistema inquisitivo, en el que las causas no destacaban precisamente por su celeridad y efectividad.

De este modo, una reforma que ha reemplazado el antiguo sistema inquisitivo, secreto y escrito, por uno de corte acusatorio, oral y público, entró en vigencia de manera escalonada a partir del año 2000; gradualidad, que permitió la evaluación, corrección y modificación en los modos de gestión de las instituciones intervinientes en pro del perfeccionamiento de la reforma. De hecho, esta manera de ensayo y error, permite que hoy se apliquen modelos de gestión probados en otras regiones, lo que entregó una experiencia base, aplicada en la Metropolitana.

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