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¿Cuáles son los delitos que más se persiguen? ¿Cómo se da la relación entre el MP y los organismos investigadores (policías, organismos periciales) en su país? ¿Cuáles son los obstáculos o problemas internos, externos y de contexto político que ve en las capacidades de investigación del MP? ¿Qué recomendaciones plantearía?

Daniel Rafecas, 25 años de carrera judicial en el Fuero Penal de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el año 2004, titular del Juzgado Federal en lo Criminal nº 3 de Buenos Aires. [Escuchar audio]

Rodrigo Balart, oficial superior de la Policía de investigaciones de Chile. [Escuchar audio]

Para su desarrollo, adicionalmente se ha utilizado la presentación del abogado, y también ex fiscal del Ministerio Público chileno, Vinko Fodich, realizada en el seminario “Actuales desafíos para el Ministerio Público en la Persecución Penal”, llevado a cabo el martes 27 de julio de 0010 en los salones de ICARE, quien expuso y comentó el citado informe.

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Desde el inicio de la entrada en vigencia del sistema acusatorio ha sido muy notoria su capacidad para producir resultados en casos de flagrancia. Incluso ha podido arrojar cifras bastante masivas en los casos de preacuerdos y negociaciones de pena. En cambio, existe la percepción de que no ha sido igualmente fructífero en la producción de resultados en casos que requieren algún nivel de investigación. Acerca de este panorama general, hay dos aspectos dignos de mencionarse. El primero de ellos es un logro en la instalación del sistema. En algunos países de la región, la entrada en vigencia del sistema acusatorio no ha estado acompañada de la utilización de nuevas vías de salida, las que divergen del sistema antiguo. Es decir, es un desafío del sistema acusatorio que la Fiscalía efectivamente utilice las diversas salidas previstas legalmente, en lugar de seguir tramitando todo tipo de caso con el mismo procedimiento, como se hacía en el sistema antiguo. En síntesis, el hecho de que el sistema arroje más resultados precisamente en las salidas novedosas, como la flagrancia y los preacuerdos y negociaciones, es un indicador importante de instalación del nuevo modelo en Colombia.

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Desde el inicio de la entrada en vigencia del sistema acusatorio ha sido muy notoria su capacidad para producir resultados en casos de flagrancia. Incluso ha podido arrojar cifras bastante masivas en los casos de preacuerdos y negociaciones de pena. En cambio, existe la percepción de que no ha sido igualmente fructífero en la producción de resultados en casos que requieren algún nivel de investigación. Acerca de este panorama general, hay dos aspectos dignos de mencionarse. El primero de ellos es un logro en la instalación del sistema. En algunos países de la región, la entrada en vigencia del sistema acusatorio no ha estado acompañada de la utilización de nuevas vías de salida, las que divergen del sistema antiguo. Es decir, es un desafío del sistema acusatorio que la Fiscalía efectivamente utilice las diversas salidas previstas legalmente, en lugar de seguir tramitando todo tipo de caso con el mismo procedimiento, como se hacía en el sistema antiguo. En síntesis, el hecho de que el sistema arroje más resultados precisamente en las salidas novedosas, como la flagrancia y los preacuerdos y negociaciones, es un indicador importante de instalación del nuevo modelo en Colombia.

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El objetivo del presente trabajo es presentar algunas reflexiones sobre los principales desafíos que debiera enfrentar la persecución penal de delitos comunes en Chile para los próximos años.[1] Mi exposición se estructura a partir de una investigación realizada  por el académico peruano Luis Pásara denominada “Claroscuros en la reforma procesal chilena: el papel del Ministerio Público”.[2] Se trata de una investigación empírica realizada en el año 2007 cuyo objetivo fue tener una mirada general del funcionamiento del Ministerio Público chileno en la persecución de delitos. Este trabajo incluyó como elementos de análisis empírico una revisión de carpetas de casos archivados de una de las Fiscalías Regionales Metropolitanas de Santiago (Centro-Norte). Analizó los datos estadísticos generales acerca del funcionamiento del Ministerio Público en Chile e incluyó un conjunto de entrevistas a expertos, entre los que se incluyeron fiscales, jueces y académicos vinculados a la reforma.

Cabe destacar que se trata de una investigación que presenta cierto desfasaje en la actualidad en cuanto a las cifras con las que se trabajó ya que se incluyen como datos más recientes los del primer semestre del año 2007 y las entrevistas cubren el trabajo del sistema en dicha época. Se trata de un factor importante a tener en cuenta ya que en los tres años transcurridos desde esa fecha el sistema procesal penal chileno ha seguido en pleno proceso de evolución y asentamiento. Por otra parte, en el período transcurrido, el propio Ministerio Público ha emprendido diversas políticas institucionales que cambian el panorama de análisis haciéndose cargo de varios de los elementos mencionados en el trabajo. Tal vez la más significativa que puede citarse es el desarrollo de su Plan Estratégico 2009-2015. http://www.sistemasjudiciales.org/nota.mfw/374 2011-04-28Open publication - Free publishing

El año 2010 estuvo marcado como uno de los años trascendentales para el rumbo de la justicia en Guatemala con la asunción del nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Ante la importancia de este acontecimiento, distintas expresiones de la sociedad civil organizada han seguido el proceso de elección, a través de diversas acciones de fiscalización tales como: propuestas para calificación de aspirantes, presentación de vetos a aspirantes que no son idóneos para el cargo, sin olvidar la incidencia que se logró con la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación en el año 2009.

No obstante, todas estas acciones desataron que el director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), institución que ha tenido preeminencia en los últimos años sobre las principales decisiones políticas que afectan la institucionalidad del sistema de administración de justicia del país, presentara su renuncia, ante la falta de voluntad de las autoridades guatemaltecas para transparentar la función pública y cumplir con las recomendaciones de la comisión. En especial porque la Comisión de Postulación para elegir el próximo Fiscal General, había incumplido con la valoración pública de la reconocida honorabilidad de los aspirantes que exige la normativa constitucional, y que a pesar de ello, el Presidente de la República eligiera a un candidato que fue criticado, tanto por CICIG como por organizaciones sociales.

Todo lo anterior ocasionó que la Corte de Constitucionalidad anulara en el mes de junio el proceso para designar la nómina de postulantes al cargo de Fiscal General, ordenando la repetición del proceso y recomendando a todos los miembros de la comisión de postulación su inhibición en el nuevo proceso de selección, dado que se cuestionaba su participación, en razón de haber participado en un proceso anulado y que infringió lo preceptuado por la Constitución Política.

No está de más afirmar que la importancia del Ministerio Público, para el sostenimiento del Estado de Derecho, del imperio de la ley y del sistema democrático en general, radica en ser la institución responsable de la persecución penal, y sobre todo que por mandato constitucional, tiene e...]]>