El Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Internacional de Canadá (CIDA), presentará durante el mes de julio la versión impresa y virtual de la publicación titulada “Introducción a los problemas de género en la Justicia Penal en América Latina”.

El trabajo fue adaptado y actualizado a modo de Manual por la experta chilena en la materia, Lidia Casas, basándose en el material e investigación desarrollado por un grupo de profesionales que dio cuerpo al Programa de Capacitación Virtual “Introducción a los problemas de género en la Justicia Penal en América Latina”, desarrollado por CEJA, y que ya se encuentra en su segunda versión.

El objetivo del trabajo es identificar aquellos aspectos del proceso penal en donde las materias de género adquieren relevancia, entregando herramientas que permitan lidiar con ellas de una forma que satisfaga las nuevas exigencias que este prisma establece.

El documento en su versión PDF se encontrará disponible a partir de julio a través del sitio web www.cejamericas.org

La cárcel representa en nuestras sociedades, el lugar de aislamiento e invisibilización de las personas acusadas de haber cometido  un delito, ya sea que éste haya ocasionado un daño menor, grave o muy grave, a nivel social o individual. La negación de los vínculos entre alta brecha social, pobreza, inequidad en las oportunidades, consumo de drogas y alcohol, discriminación, violencia intrafamiliar, deficiente desarrollo urbanístico, y otros factores asociados a la comisión de delitos de alta incidencia –como los hurtos al paso, las lesiones simples, agresiones y amenazas- lleva a que, como colectivo social, identifiquemos a la cárcel como el depositario de las personas que no queremos ver, reconocerles existencia, ni presencia en la comunidad. Así, las cárceles latinoamericanas se llenan día a día de más personas, especialmente de detenidos preventivos, como medida de aseguramiento del proceso penal.

En noviembre de 2009, como parte del trabajo de la Redex-Perú, diez egresados del Programa de Formación de Capacitadores en Reforma Procesal Penal, del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), nos propusimos realizar un estudio empírico que evalúe si la reforma procesal penal en curso desde 2006, está impactando en las solicitudes fiscales y las decisiones judiciales sobre prisión preventiva en el país. La investigación se desarrolló a partir de la observación técnica de 112 audiencias sobre la prisión preventiva, en 7 distritos judiciales del país donde rige el nuevo Código Procesal Penal: Huaura, La Libertad, Arequipa, Cusco, Lambayeque,  Piura y Tacna.

Al iniciar la investigación, asumimos como hipótesis central, que las audiencias previas al juicio oral constituyen la principal innovación del nuevo diseño procesal penal, donde se abren posibilidades para verificar un cambio real en el desempeño de los operadores, de forma que se superen las características negativas, tradicionalmente vinculadas a nuestro sistema judicial, como son la excesiva formalidad, la burocracia, la mera tramitación de escritos y, la lentitud en las decisiones y respuestas frente al delito y el crimen.

oral, pública y contradictoria, se visualiza como la...]]> http://www.sistemasjudiciales.org/nota.mfw/358 2010-08-09

Este Seminario, organizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y patrocinado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, se realiza con la finalidad de compartir experiencias comparadas en materia de seguimiento a medidas sustitutivas a la privación de libertad en el sistema penal y reflexionar sobre la viabilidad de incorporar algún sistema de este tipo en el sistema penal argentino.

Las Oficinas Judiciales de Medidas Alternativas y Sustitutivas (OMAS) se inscriben en el marco de las reformas organizacionales necesarias para implementar de modo eficaz los modelos de diversificación de la justicia penal y de reducción del uso del uso irracional de la prisión que se presentan como una de las alternativas más novedosas para la gestión de la conflictividad en un Estado Democrático de Derecho.

En la actualidad los graves problemas vinculados a la utilización masiva del encierro preventivo y a la vigencia de la pena privativa de libertad como eje central de las respuestas que brinda el sistema de justicia penal impiden el desarrollo de una política  razonable que se ajuste a las necesidades específicas de los diversos grupos de conflictos que procesa el sistema y determinan que las opciones en nuestro imaginario penal continúen siendo reduccionistas y dicotómicas: libertad o cárcel.

Sin embargo, creemos que el sistema de OMAS constituye un paradigma más realista y útil para lidiar en forma creativa con dichos problemas. Este sistema de oficinas judiciales permite concretar de modo efectivo el seguimiento y supervisión de las medidas alternativas y sustitutivas que se toman durante el proceso penal; al mismo tiempo que brinda el marco adecuado para profundizar la utilización de programas sociales acordes con la problemática específica de cada tipo de conflicto en particular y contribuir de esta forma al desarrollo de una política criminal con menor contenido de violencia.

En este sentido los servicios de antelación a juicio que forman parte del sistema de OMAS cumplen un rol destacado en la reducción de la utilización de la prisión preventiva y a su vez en la eficacia con que se garantiza la comparecencia de las personas a juicio; demostrando que un análisis profesional e interdisciplinario del caso por parte de estos servicios puede entregar a las partes y al juez información de alta calidad para profundizar los debates y tomar decisiones de mayor justeza con relación a la necesidad de utilizar el encierro para garantizar la comparecencia de una persona inocente a juicio.

Por otra parte, las OMAS permiten trabajar con mayor especificidad y de mod...]]> http://www.sistemasjudiciales.org/nota.mfw/357 2010-07-13 “Conocemos muy poco sobre los múltiples problemas que aquejan a los tribunales y las soluciones que debemos darles”, agregó la Dra. María Victoria Rivas, señalando que la publicación brinda los datos elementales para construir la visión de la situación real de la justicia en Paraguay, en base a la cual “todos los sectores deben profundizar el debate judicial, como parte del debate del desarrollo de nuestra democracia”.

Víctor Rodas, coordinador del área Estadística Judicial del CEJ, explicó que el libro La Justicia Paraguaya en Cifras presenta la información disponible del Poder Judicial tanto para ser utilizada en investigaciones como para que sirva como herramienta para la toma de decisiones por las autoridades judiciales.

El libro cuenta con seis capítulos. El primero muestra el escenario socio-económico, donde se exponen los indicadores macro del país como nivel de pobreza, tasa de desempleo, PIB. El escenario judicial muestra la organización del Poder Judicial y su funcionamiento. En un tercer capítulo, los indicadores de costo y cobertura de servicios exponen el presupuesto del Poder Judicial, la cantidad de funcionarios judiciales, de abogados, la carga de trabajo por juez, cobertura de casos por habitantes, entre otros.
En otro capítulo, el libro presenta Indicadores de eficacia, de suma importancia a la hora de evaluar el desempeño de un tribunal. Muestra datos correspondientes a los años 2008 y 2009 de todo el país comparándolos en cuanto a cantidad de casos ingresados y cantidad de casos resueltos por sentencia definitiva (SD) y auto interlocutorio (AI).

Por otra parte, la publicación presenta indicadores de uso de nueva tecnología, de vital importancia teniendo en cuenta que la tecnología facilita la gestión de los trámites en los Juzgados, contribuyendo a la mayor productividad del Juez.  Por último, esta edición incorpora indicadores de percepción que tiene la ciudadanía en cuanto a la independencia judicial y la confianza.

El Reporte pretende dar una descripción sencilla y de fácil comprensión de las instituciones que intervienen en temas de Justicia de las Américas. Estructurándose en base a capítulos nacionales, que contienen información de diversas entidades (Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, Ministerio de Justicia, Policías, etc.) y aspectos relacionados, como Situación Penitenciaria y Profesión Legal.

A partir de estos capítulos nacionales se presentan una serie de Indicadores Comparativos, sobre las instituciones descritas, como datos de jueces, policías y fiscales cada cien mil habitantes. Del mismo modo, cifras de presupuesto en US$ Dólares (por habitante), asignados al Poder Judicial, Ministerio Público, entre otros. Adicionalmente, se incluyen Indicadores de carácter Cualitativo elaborados por otras instituciones. En cuanto a la metodología de la elaboración del Reporte, se contempló en primer lugar el envío de matrices de recolección de información a 9 instituciones de cada país: Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, Consejo de la Magistratura, Ministerio de Justicia, Órganos de Policía, Ministerio de Educación, Colegio de Abogados y Escuelas Judiciales. Estas matrices buscan recopilar información de cada entidad y en su defecto se utilizaron fuentes secundarias, como sitios web, contactos en las instituciones y datos de otras publicaciones. En la fase de redacción participaron Estudiantes y profesionales del Derecho de diferentes países de América (Estados Unidos, México, República Dominica, Argentina, Chile, Brasil, entre otros) que aportaron sus conocimientos de las distintas realidades del continente. Una vez redactado el Reporte, se validó la información con profesionales de distintos países con conocimientos de la justicia a nivel local, incorporando sus sugerencias, para luego traducir el texto definitivo a su versión en Ingles. De esta forma, se está ofreciendo una herramienta útil para Universidades, ONGs y público en general interesado en conocer del funcionamiento y aspectos relevantes de las instituciones de Justicia.

En cuanto a los fenómenos observados en el Reporte, dentro de los países que cuentan con un sistema judicial basado en la tradición continental europea, destaca el progreso gradual (durante los últimos 15 años) de los procesos de reforma procesal penal en las Américas, que han desplazado a los sistemas inquisitivos firmemente arraigados en el continente, por otros de corte acusatorio en 16 países de América Latina.

Respecto del Caribe se puede observar la paulatina aplicación y adopción de los acuerdos de La Corte del Caribe de Justicia (The Caribbean Court of Justice) que mantiene como países signatarios a 12 miembros.

Se aprecia también un incipiente interés por reformar el proceso civil, Un ejemplo de este nuevo contexto es Chile que cuenta con un proyecto de Nuevo Código de Procedimiento Civil tramitándose en el Congreso. También, destacan los casos de Perú, Costa Rica y la tradición uruguaya en la materia, que a fines de los años ochenta reformaron su procedimiento civil.

En materia Constitucional, en Bolivia y Ecuador se dictaron nuevas leyes fundamentales, las cuales reformulan gran parte de la institucionalidad hasta entonces vigente. Entre ellas se cuentan los Poderes Judiciales, constituyéndose como los princ...]]> http://www.sistemasjudiciales.org/nota.mfw/351 2010-07-07El Instituto de altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal Comparado, es una asociación civil sin fines de lucro, con personería jurídica, integrada por magistrados, académicos, profesores, abogados y otras profesiones que acreditan idoneidad y solvencia profesional, y/o funcional, y/o académica en sus actividades relacionadas con la cuestión penal. Es miembro honorario el Dr. Enrique BACIGALUPO y ha sido declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza. Entre sus fines, sobresale el de crear un espacio latinoamericano amplio y plural de investigación, intercambio, reflexión y trabajo y favorecer la integración regional, promover la elaboración de reglas marco camino a la unificación, e intercambiar conocimientos, experiencias y actividades vinculadas a la investigación, programas de formación.

Desde entonces, enviamos diariamente información legal; anexando, en algunas oportunidades, documentos e informes de interés.

Nuestra ALERTA INFORMATIVA contiene una selección de las principales:

• Normas legales

• Proyectos de ley

• Jurisprudencia

• Artículos y opiniones

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• Noticias

• Bibliografía

• Eventos académicos

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En el marco de la onceava edición de capacitación intensiva que organiza el Departamento de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires durante julio, se desarrollará el Curso intensivo sobre Gobierno y Gestión Judicial en Latinoamérica. 
El mismo tiene como Directores a los Dres. Santiago Corcuera y Germán Garavano, como secretarios académicos  a los Dres. Blas Matías Michenzi y  Daniel Antonio Petrone.

En esa télesis el curso se estructura sobre la premisa de que la reforma y modernización de la justicia implica más que un cambio de reglas procesales, y que requiere la incorporación de modernas técnicas relacionadas con el gobierno y administración de organizaciones tales como las vinculadas con la gestión; la incorporación de recursos humanos; la capacitación permanente y la medición del flujo de trabajo mediante estadísticas.  Es por eso que el curso hace hincapié en el entrenamiento en el uso de nuevas técnicas y herramientas y acentúa la transmisión de experiencias positivas de cambio de la realidad local y española, complementando a otras iniciativas formales de capacitación judicial existentes en el país.

El curso fue diseñado con el fin de constituir un ámbito para el aprendizaje significativo de la problemática en Administración de Justicia en la región, mediante el entrenamiento en el uso de nuevas técnicas y herramientas y la transmisión de experiencias positivas de cambio de la realidad regional, complementando a otras iniciativas formales de capacitación judicial existentes.

El objetivo del curso es ofrecer en un marco de 60 horas de cursada intensiva, las herramientas necesarias para la elaboración de diagnósticos de las diversas unidades judiciales, la formulación de propuestas de reforma y su implementación.

El programa tiene las siguientes metas específicas:

            
El curso cuenta con 9 unidades temáticas que se desarrollaran durante la realización del curso, a saber: a) Gobierno Judicial y Política Judicial, b) Derecho e Interés Público, c) Entrenamiento en Capacitación de Recursos Humanos, d) Gestión de Tribunales, e) Justicia y Medios de Comunicación, f) Estadísticas Judiciales, g) Gestión de Procesos Orales y Sistema Penal Acusatorio, h) Incorporación de Tecnología a la Justicia e i) Reforma Judicial Civil.
 
A tales efectos, la metodo...]]> http://www.sistemasjudiciales.org/nota.mfw/112 2010-05-28

El panorama de la utilización de la prisión preventiva en América Latina se elaboró a partir de las siguientes preguntas: 

1.- ¿Cómo está funcionando la prisión preventiva en su país? ¿Cuáles son los  3 principales problemas o temas esenciales que requieren de mayor atención en este tema?

2.- ¿Cuáles son los obstáculos que ve en la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva? ¿Qué recomendaciones plantearía para superarlos?

3.- Desde su rol ¿percibe que existen presiones para la utilización de la prisión preventiva? ¿De qué sectores cree que provienen?

El cuestionario fue respondido por operadores de justicia de Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador.

Argentina

Andrés Harfuch, defensor general del partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Escuchar audio.

Martín Zacchino, fiscal general de la provincia de Chubut.Escuchar audio.

Alberto Funes Palacios, juez de garantías, Concordia, provincia de Entre Ríos.